La separación de poderes en España es una utopía. El centro neurálgico de la corrupción política está ubicado en la politización y la falta de independencia de la Justicia. Los altos tribunales de Justicia de nuestro país están controlados totalmente por el poder político. Evidentemente, esta es la fórmula que utiliza la casta para blindar su impunidad. El objetivo de la dictadura PP-PSOE es someter el poder judicial al ejecutivo y, hasta la fecha, este fin se ha conseguido con creces. La casta política ha diseñado la estructura y el funcionamiento del sistema judicial a su imagen y semejanza.
El anteproyecto de reforma del Consejo General de Poder Judicial, aprobado el 21 de diciembre de 2012 en consejo de ministros y que concluirá en los próximos meses, pretende convertir este órgano en otro departamento más al servicio del Ministerio de Justicia (y por tanto del Gobierno), y aumentar el nivel de politización de la Justicia española. Según Gallardón, el objetivo de la citada reforma es despolitizar el CGPJ pero en realidad se trata de conseguir todo lo contrario. El ministro pretende politizar, más aún, tanto el funcionamiento como el sistema de elección de los vocales del citado órgano judicial (se quiere reducir el ya de por si escaso peso que tienen los jueces para elegir y, de este modo, dotar de mayor poder de elección al Congreso y al Senado). En resumen, el objetivo principal de la reforma es que la casta política controle totalmente el CGPJ.
Cuando el PP estaba en la oposición criticaba la politización de la Justicia que el PSOE diseñó a su medida pero una vez en el gobierno (e incumpliendo una vez más su programa electoral) está haciendo todo lo posible para que la Justicia siga siendo una marioneta del poder.
Está meridianamente clara la estrategia del Gobierno en materia judicial: cuanto más politizado se encuentre el CGPJ, mayor control político podrá ejercer el Gobierno sobre el sistema judicial en su conjunto. No olvidemos que los magistrados del Tribunal Supremo los designa el CGPJ. Igualmente, una tercera parte (Sala de lo Civil y Penal) de los magistrados de los Tribunales Superiores de Justicia de las comunidades autonómas son elegidos por el CGPJ. Los miembros del Tribunal Constitucional también los elige el CGPJ, las cortes y el Gobierno. Aunque la politización judicial no termina aquí. Del mismo modo, el Fiscal General del Estado lo nombra el Gobierno. Respecto a la Sala de Gobierno de la Audiencia Nacional, únicamente tres de los ocho miembros que integran la misma son elegidos democráticamente entre los magistrados adscritos a dicho órgano.
La casta política no tiene ningún interés en despolitizar la Justicia debido a que el control de la misma garantiza a los políticos actuar en régimen de impunidad. ¿De qué sirve, por ejemplo, aumentar las penas para los políticos corruptos (medida que ha calificado Rajoy como imprescindible) si la Justicia sigue subordinada a los intereses del gobierno de turno?
La politización de la Justicia deriva en la instauración de un sistema de evaluación del desempeño y de selección de jueces basado en la afinidad política. La mejor estrategia para subir peldaños en el escalafón de la Carrera Judicial es significarse políticamente y compadrear con el PSOE o con el PP. Una plataforma idónea para ello la representan las asociaciones de jueces de marcado perfil ideológico y político. Sin duda, el mejor camino para llegar a ser magistrado de un alto tribunal es posicionarse políticamente. Desgraciadamente, la valía, la meritocracia y, por supuesto, la independencia suelen ser un lastre para muchos jueces que, no siendo amigos del poder, desean ascender profesionalmente.
Otro asunto indignante es el relativo al aforamiento (un privilegio más propio de la Edad Media que de un Estado de Derecho) del que gozan determinados cargos políticos y judiciales. En realidad, se trata de una vía de escape que utilizan los políticos corruptos para poder ser juzgados (y absueltos) por los altos tribunales ya que éstos están fuertemente politizados. Este es uno de los motivos por los que todos los políticos imputados, en virtud de algún caso de corrupción, se aferran a su escaño parlamentario y no dimiten, puesto que si dimitieran podrían ser juzgados por la justicia ordinaria y, por tanto, correrían el riesgo de ser condenados. La extrema lentitud de la Justicia española, uno de los mejores aliados de la corrupción política, se encarga del resto.
Mención aparte merecen los politizados indultos. En el sorprendente caso que sobre un político corrupto caiga una sentencia condenatoria, ya se encargará el gobierno de turno de indultarle.
La voz de las urnas es la única responsabilidad que la casta política está dispuesta a asumir. No obstante, los políticos que hayan originado, en función de irregularidades delictivas en su gestión, la insolvencia del Estado, de una comunidad autónoma, de un ayuntamiento o de cualquier institución pública deberían ser procesados y responder penalmente por sus actuaciones. Es imprescindible exigir a los gestores políticos responsabilidades en virtud de sus comportamientos de gestión, al igual que se hace con los gestores empresariales. Las consecuencias de la malversación de caudales públicos derivan en escenarios económicos de alta morosidad que destruyen el tejido empresarial, potencian el desempleo y empobrecen a la ciudadanía. Los accionistas de la Administración son los ciudadanos y éstos deben exigir a sus directivos (los gestores públicos o políticos) una gestión transparente.
Multitud de actuaciones políticas delictivas, penadas por la ley, quedan impunes y son amparadas, denigrantemente, por los representantes de la Justicia, supuestos garantes de la misma, que no velan por el interés público sino que se rigen según las directrices gubernamentales.
Del mismo modo, la inseguridad jurídica provoca fugas masivas de capital y desinversiones empresariales. España tampoco ofrece un sistema judicial dotado de garantías a las empresas. La vertiente legal es uno de los aspectos fundamentales que valora una compañía a la hora de invertir en cualquier país.
Mientras la Justicia siga secuestrada y los gestores públicos no se sometan al imperio de la ley, la corrupción seguirá institucionalizada en España.
